





El golpe del 76 tuvo una aceptación por parte de la población civil que de alguna manera le dieron legitimidad y en nuestro contexto también es una buena parte de la población la que está dispuesta a perder libertades para menguar su sensación de inseguridad. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad a menores, la promesa de tolerancia 0, las torturas en la cárcel y la creciente judicialización de la protesta son muestra de esta cesión que esta parte de la población está dispuesta a hacer. En este sentido un ejemplo notorio en los últimos tiempos es la cantidad de cámaras instaladas en la ciudad y en los departamentos de Mendoza. Y lo peor es el grado de naturalidad con que fueron aceptadas.